jueves, 12 de diciembre de 2013
IU contra la Ley Montoro: por la autonomía municipal y en defensa de las juntas vecinales
2:29 | 
Publicado por
IULEON |
El
Coordinador Provincial, Santiago Ordóñez, denuncia que estamos ante
un Golpe de Estado contra la democracia y la desaparición de facto
de cualquier autonomía municipal. Esta es una Ley para generar
negocio privatizando servicios, esa es la única razón, y contra la
democracia, al convertir los Ayuntamientos en cascarones vacíos, sin
contenido ni autonomía.
Además se
mantiene la amenaza de disolución de las Juntas Vecinales por mucho
que mientan los senadores del PP. Estas entidades sobran porque la
dictadura del PP no comprende lo que significan y desprecian su
modelo democrático de gestión. Lo único que han hecho es complicar
la redacción del articulo 116 bis pero para nada paralizan la
posibilidad de suprimir una entidad local menor por el déficit de un
ayuntamiento. También se ha ampliado el plazo de presentación de
las cuentas. Que tan solo alarga unos meses la historia de una muerte
anunciada diseñada por la Ley. Las mentiras del PP solo merecen la
dimisión de sus diputados y senadores y la traición a esta
provincia y su modelo propio de democracia el exilio, si esto fuera
posible. Nos conformamos con la consideración de personas non gratas
en su propia tierra.
Los
municipios, todos los municipios pierden cualquier capacidad para
ofrecer servicios que no sean competencias propias recogidas por la
nueva Ley. Hasta ahora existía la posibilidad de ofrecer los
servicio que la Junta y el Estado se niegan o no pueden ofrecer.
Ahora mismo nadie los ofrecerá, con el consiguiente daño al interés
de las víctimas de la crisis que más los necesitan. La política
social pasa a ser asistencialismo porque la competencia es
autonómica, las políticas de empleo, medioambiente, formación,
igualdad de la mujer y vivienda desaparecen. Eso quiere decir que se
deberán traspasar a la Junta o cerrar todos los centros de formación
municipal, el ILDEFE y el FULDEFE de León, políticas ambientales
que no sean recogida y tratamiento de basura, las guarderías y la
residencia de ancianos simplemente desaparecerán o serán
traspasados o privatizados con la entrada en vigor de Esta Ley
Si esta Ley se
aprobase las Diputaciones tendrían capacidad para decidir (lo llama
coordinar) como se gestionarán los servicios de recogida y
tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, accesos a los
núcleos de población y pavimentación de las vías. Lo que
significa que los municipios menores de 20.000 habitantes y las
juntas vecinales perderán toda capacidad para decidir en estos
aspectos.
Las
Diputaciones no solo se verán reforzadas en su capacidad para
gestionar servicios, también en recaudación de tasas e impuestos y
en materia de toma de medidas contra los ayuntamientos y juntas
vecinales a los que se obligue por tener déficit presupuestario a
aprobar un Plan económico Financiero.
Estamos
ante la intervención definitiva de los ayuntamientos por parte del
Ministerio de Hacienda, que junto y en coordinación con las
Diputaciones, podrá impugnar cualquier acuerdo municipal o de junta
vecinal que incumpla la ley de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, cualquier ayuntamiento o junta vecinal que
sufran la imposición de un Plan de Ajuste o Económico Financiero
podrá sufrir la imposición de supresiones de servicios
deficitarios, cambios de gestión que el ministerio considere
(PRIVATIZACIONES MASIVAS), subidas de tasas o despidos de
trabajadores (racionalización organizativa). También y esto es muy
grave, podrá suprimirse una junta vecinal por esta causa. Esto se
mantiene incluso enmendando el articulo 116 bis que recoge este
aspecto.
Si
esta Ley se aprueba, cada 1 de noviembre los municipios y juntas
vecinales deberán presentar un informe con el “calculo de coste
efectivo de los servicios que presta”. Los criterios para realizar
el cálculo se aprobará por medio de una Orden Ministerial. En el
caso de déficit se aplicarán los aspectos anteriores o se impondrá
la privatización del servicio para los consistorios. Las pedanías
serán disueltas. La Ley priorizará la gestión privada y tan solo
admitirá la gestión pública si no existe déficit, según
criterios arbitrario del Ministerio de Montoro. La iniciativa privada
tendrá prioridad sobre la gestión pública en todos los casos.
Finalmente,
denunciar la pérdida de personalidad jurídica de las entidades
locales menores, que tan solo las existentes y las que iniciaron su
proceso de constitución antes del 1-1-2013 mantendrán su capacidad
legal, que les roban sus servicios de abastecimiento de aguas a favor
de las Diputaciones, que de no presentar sus cuentas en el plazo de 1
año tras la entrada en vigor de la Ley serán disueltas por la
Junta, que su liquidación significaría que sus derechos,
obligaciones y propiedades pasarían a los municipios y sus Montes de
Utilidad Pública a la Junta y por último que cualquier tipo de
déficit en el ejercicio de sus competencias supondrá también su
disolución.
Estamos
ante el robo del 55% de la provincia de León y la Junta ya debería
estar amenazando con la presentación de un recurso de
inconstitucionalidad solo por la injerencia intolerable del Gobierno
en las pedanías.
Santiago
Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU en León
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