Izquierda Unida - León

IU EXIGE REVISAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS EMPLEADAS DE AYUDA A DOMICILIO. PROPONEMOS MUNICIPALIZAR EL SERVICIO, CREAR EL EMAD (Equipo Municipal de Atención Domiciliaria a la Dependencia) Y CONSTITUIR UNA COMISION PARA LA DEPENDENCIA, DONDE SE INCLUYAN TODAS LAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS, PARA CUBRIR TODAS LAS ENCESIDADES DE LOS DEPENDIENTES LEONESES CON SERVICIOS TOTALMENTE PUBLICOS.

Las concesiones a empresas privadas y la falta de responsabilidad del Equipo de Gobierno PSOE-UPL ha convertido una fuente de empleo, principalmente femenino, en un ejemplo de semiesclavitud. Que no exista lista de espera no quiere decir que el servicio sea suficiente ni ejemplar.

El EMAD ampliará la cobertura hacia cualquier dependiente, ceca del 70% de los dependientes leoneses no reciben ayuda alguna, y se coordinará desde una Comisión mixta donde el Ayuntamiento, La Junta y el Gobierno central trabajen unidos para cubrir con herramientas 100% públicas todas las necesidades surgidas de la Ley de Dependencia

IU, gracias al buen trabajo de la Red de Apoyo Mutuo de León (RAM) ha conseguido datos y ejemplos de cómo es realmente un servicio privatizado en el Ayuntamiento de León.

IU considera intolerables las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio en León, las mujeres conforman la práctica totalidad de la plantilla. La integración de este servicio en el marco de Ley de Dependencia de 2006 ha dejado bien a las claras como se está gestionando la cobertura de las necesidades de estos dependientes y lo lejos que se encuentra esta Ley de ser una fuente de empleo de calidad, para sus beneficiarios y para sus trabajadores. La empresa responsable del servicio privatizado en León es “Valoriza Facilities” pero esta situación puede extenderse a todas las que trabajan en la provincia, sea para la Diputación, Villaquilambre o el Bierzo. La empresa privada de León mantiene a 130 empleadas que trabajan del siguiente modo.

Los CEAS y la empresa acuerdan el horario de cada dependiente, que puede estar en 30 minutos como mínimo o dos horas como máximo. Un tiempo claramente insuficiente que se financia en régimen de copago. Cada dependiente paga una cifra a mayores dependiendo de sus ingresos y patrimonio. Por tanto no solo se privatiza la gestión, la financiación tampoco es pública, el dependiente debe abonar un canon a mayores.

Estos horarios se traducen en las siguientes condiciones laborales. Según el Convenio vigente la jornada se establece en 36 horas y el salario se fija en 792 euros al mes. Cada hora de trabajo se fija en 55 minutos y los otros 5 restantes sirven para el desplazamiento de la trabajadora entre un domicilio y otro. Ambos horario son imposibles de cumplir, reduciendo el tiempo del servicio y provocando problemas a las empleadas que pretendan cumplirlos.

A este respecto, a las trabajadoras se les ha negado el derecho a descansar 20 minutos cada 6 horas de trabajo y se mantiene la llamada “bolsa de horas” o deuda contraída con la empresa por las horas no trabajadas al encontrarse ausente la persona dependiente.

La falta de un verdadero reconocimiento profesional de estas trabajadoras ha permitido empeorar sus condiciones laborales, que deben revisarse y municipalizarse de nuevo en aras de mejorar la cobertura a los beneficiarios y evitar la deriva de recursos que supone privatizar un servicio que debería equiparase a la cobertura sanitaria, universal y gratuita. Como todas las fuentes de empleos ligadas a la Ley de Dependencia y que se están vendiendo al peso a costa de una gigantesca inversión pública y exagerados beneficios privados.