lunes, 8 de junio de 2009
3:47 | 
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IULEON |
D. Santiago Ordóñez González, Coordinador Local de Izquierda Unida de León, CIF. G-78269206, estando todavía en Exposición pública la documentación relativa a la privatización del Servicio Municipalizado de Aguas de León, presenta la siguiente
ALEGACIÓN
Una vez revisada la documentación presentada IU considera que las contradicciones siguientes son suficientes para retirar el documento y apostar por modelos públicos de gestión, como las empresas públicas, que han demostrado sobradamente su eficacia y la consecución de los objetivos necesarios y no supondrán ninguno de los inconvenientes ligados a la privatización.
Para empezar, los 25 millones que según el Equipo de Gobierno servirá para pagar nóminas y financiar inversiones, según la memoria en exposición pública pasarán a formar parte del activo de la empresa mixta y como deuda pendiente en el pasivo. Deberá ser reintegrado a la empresa privada con los dividendos de la sociedad. La ciudad de León no verá ni un solo céntimo de esos 25 millones de euros. Con estos datos en la mano el equipo de Gobierno va a incumplir los requisitos impuestos por el Banco de Santander para exigir la privatización. León no va a ingresar los 50 millones necesarios para seguir ejecutando el Factory-consulting, a menos que, como así ocurrirá, los 25 millones vayan de nuevo a la multinacional del agua y de esta al propio Santander, quien tiene intereses directos en una de las dos multinacionales que gestiona el agua privada en España.
Además, no existe compromiso alguno de que los precios no se incrementen de forma descontrolada. La promesa de subir el IPC más un diferencial de un 1% está desgajada de la ordenanza fiscal, que se aprueba anualmente sin que se limite cualquier posibilidad de superar esta barrera si así lo quiere el socio privado.
IU critica además el cúmulo de contradicciones incorporadas a la memoria justificativa de la privatización.
1. Mantiene el argumento falaz y vergonzoso de la facturación del 37% para más adelante admitir que desconoce por completo la situación de infraestructura y luego ofrecer que el 49´67% del agua simplemente vuelve al río o se va en fugas. El resto se reparte entre edificios municipales y concesionarias privadas. Mantienen la existencia de fraude e incumplimiento de la Ordenanza Fiscal, el primero inexistente y el segundo achacable a la ineptitud de los propios concejales. Deberían demostrar la falta de facturación de particulares o van camino de pagar una indemnización millonaria en demandas por difamación. También debe tenerse en cuenta que al empezar a cobrar a las concesionarias privadas de servicios municipales estos gastos repercutirán inmediatamente en el propio Ayuntamiento, incrementando a su vez la deuda acumulada con ellas.
2. La memoria no aporta ningún dato y se agarra un Informe Elaborado por el Consejo de Cuentas en 2004 para atacar a las dos capitales de provincia que se resisten a privatizar el servicio, León y Segovia. Produce sonrojo que un informe del Partido Popular, elaborado contra la gestión de dos ciudades ahora gobernadas por el PSOE, se utilice de forma torticera cuando ha perdido su vigencia 5 años después.
3. Se habla de modernizar e invertir mediante el conocimiento de las fórmulas de gestión del agua. Sin embargo no se aporta nada que impida al Ayuntamiento realizar esta labor y se hurta la desaparición de más de 8´6 millones de euros que sufragarían toda la operación de puesta al día del servicio. El Equipo de Gobierno
4. PSOE-UPL ha descapitalizado el servicio a sabiendas para después alegar su situación precaria como justificación de la privatización, crisis provocada desde el propio consistorio para justificar lo indefendible.
5. Como más arriba se ha expuesto, se alega el mantenimiento del control público y la plena capacidad de fijar las tarifas. La gerencia correrá a cargo del socio privado, y las decisiones se tomarán según su criterio exclusivo, y la fijación de tarifas no queda sujeta a más limitación que la resistencia del Ayuntamiento a la querencia de beneficios de la empresa. Unos beneficios que según el informe financiero adjuntado a la memoria supondría unos 31 millones de euros, durante los 25 años de la concesión, del total de 63 previstos. Unos beneficios que repercutirían en un 100% a las arcas públicas si el equipo de Gobierno PSOE-UPL demostrase algo de sensatez.
6. Se habla de una Red de Distribución Antigua para después enumerar las reparaciones y sustituciones realizadas durante años. Se concluye el desconocimiento total de la situación del servicio y la red para después admitir que su Digitalización ha sido completada y que tan solo es necesario implantar un Sistema de Información Territorial y Crear una Oficina Técnica. ¿En qué quedamos?
7. Que un Partido que se reconoce de la Izquierda alegue que la privatización es beneficiosa porque los nuevos trabajadores cobrarán la mitad y trabajarán 40 horas, pasando por encima del derecho adquirido de las 35 horas semanales, es inaceptable para cualquier progresista. Las 35 horas deberían ser referencia en todos los convenios colectivos y no una rémora. Son como el derecho a las 40 en el siglo XX, la mejor medida para modernizar nuestro modelo productivo y el mercado laboral. Que el PSOE argumente como si fuera la CEOE es vergonzoso y demuestra tanta ceguera como el claro abandono de las políticas de izquierda que estos socialistas vendían en campaña electoral. Solo les falta reivindicar las 65 horas defendidas por su compañero Joaquín Almunia en la Comisión Europea.
Por todos estos motivos y a la vista de la improcedencia y falta de motivación para imponer la privatización, IU exige su retirada inmediata y su sustitución por una S.L enteramente pública que con una gerencia profesionalizada y con el convenio del sector como referencia inicial gestione el agua de León y recupere para la ciudad los 63 millones de euros previstos como beneficios de la sociedad en los próximos 25 años.
En León, a 3 de junio de 2009
Santiago Ordóñez González
Coordinador Local de IU de León
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